Debido a que este documento fue concebido como insumo para el intercambio de ideas en un taller de investigación dentro del Instituto, sólo contiene las referencias bibliográficas consideradas mínimamente indispensables.
Sumario
- Introducción: las primeras preguntas ante un caso de apertura unilateral del mercado
- El sentido de las aperturas comerciales negociadas en el marco de la economía global
- La reciprocidad antes y después de la Ronda Uruguay del GATT
- Respuestas engañosas
- Distintas formas bajo las cuales una economía periférica puede estar globalizada
- Una sugestiva contraposición: MERCOSUR vs. ALIANZA DEL PACÍFICO
- Algo más acerca de la periferia y sus claves de supervivencia
- Introducción: las primeras preguntas ante un caso de apertura unilateral del mercado
Los medios de prensa en el cono sur comentaron un reciente decreto argentino (117/2017) por el cual se modificaron las alícuotas correspondientes a los aranceles de importación para distintos bienes informáticos originarios de países fuera del MERCOSUR, eximiéndolos totalmente del gravamen. La medida tiene una legalidad indiscutible porque ya se contemplaban, desde mucho tiempo atrás, los derechos de los Estados Parte para modificar unilateralmente las alícuotas de distintos tipos de bienes, entre los cuales figuran los individualizados dentro de los rubros de la informática y las telecomunicaciones. Dicha permisividad fue renovada por la Decisión CMC 25 del año 2015 que para ARGENTINA y BRASIL por ahora se extendería hasta el 31 de diciembre de 2021.
Los comentarios periodísticos y las encuestas de opinión requeridas a los lectores no pusieron en duda el fundamento convencional, sino que plantearon la pertinencia económica de esta medida considerando las explicaciones oficiales según las cuales, como consecuencia de la desgravación, los precios de dichos productos en el mercado interno deberían bajar ostensiblemente mientras el gobierno adoptaría otros recaudos para minimizar el daño a las fuentes laborales provistas por las plantas de ensamblaje. En este sentido se generaron preguntas como las siguientes: ¿bajarán efectivamente los precios internos o bien el menor costo de importación será absorbido por la cadena de comercialización, sin beneficios ostensibles para el consumidor final?; y ¿podrán compensarse la desinversión y pérdida de fuentes de trabajo local?
Sin embargo y muy curiosamente, no se han difundido –al menos con la misma extensión- otros comentarios y preguntas con respecto a las implicaciones que pueden tener disposiciones como la expuesta frente a los términos de inserción del país en la economía y el comercio internacional. Es dable suponer la inconveniencia del ensamblaje local de bienes informáticos con partes, componentes e insumos principales importados, habida cuenta de los subsidios directos e indirectos involucrados: beneficios discriminatorios de carácter fiscal y aduanero y captura del mercado interno a precios superiores a los bienes similares ofertados en el ámbito internacional. Pero el desmantelamiento de dicha reserva de mercado mediante desgravaciones arancelarias unilaterales ¿constituye la medida más adecuada desde el punto de vista de la política económica y comercial externa del país que las adopta?
- El sentido de las aperturas comerciales negociadas en el marco de la economía global
¿Cómo caracterizar las condiciones bajo las cuales se despliega el comercio internacional en esta fase de la economía global? A primera vista puede parecer paradójico: a medida que se acelera la reproducción del capital y las empresas desesperan por expandir sus mercados, los Estados nacionales recurren a más regulaciones que distorsionan las corrientes de comercio.
La consecuencia es también sorprendente: cualquier país empeñado en proteger -mediante subsidios y restricciones- a una determinada rama o sector de la actividad productiva frente a la competencia internacional, simultáneamente debe enfrentar impedimentos y aún la imposibilidad de acceder con sus ofertas exportables a otros países en la medida que éstos últimos también protejan con subsidios y restricciones a las ramas o sectores coincidentes con aquellas ofertas exportables. En definitiva, si algo define a la fase actual de la economía globalizada, es en primer lugar el complejo panorama que muestra el entrecruzamiento de dichos subsidios y restricciones.
Pero en segundo lugar, y esto también es evidente, a la economía globalizada no la paralizan esas restricciones y demás distorsiones aplicadas por los gobiernos nacionales, en tanto se están difundiendo distintos instrumentos que aseguran el acceso a los mercados mediante un intercambio de recíprocas renuncias o inhibiciones para introducir tales obstáculos. En efecto, las “concesiones” negociadas con gran minuciosidad en los llamados (elípticamente) “tratados de libre comercio” (TLC) deberían ser leídas como un intercambio de “renuncias” al derecho a la protección de los respectivos mercados, de modo que por su entidad desmienten (en lugar de confirmar) las suposiciones ideológicas acerca del libre comercio en la economía global. Lo desmienten porque son aperturas “negociadas” y porque, además, están acompañadas de profusas nóminas de excepciones, salvedades y reservas de mercados (que, entre otras, reciben la denominación de “medidas disconformes”) sobre las cuales las Partes se reconocen mutuamente la legitimidad de su preservación.
Así, en el marco de negociaciones intergubernamentales como las apuntadas, la apertura del mercado interno a favor de cualquier bien tangible o intangible o el compromiso para el acceso de capitales en principio tiene un valor desde el punto de vista del Estado concedente, no porque represente alguna deseada optimización de recursos, sino porque constituye el motivo de intercambio para el acceso de los mismos u otros bienes o servicios o capitales a los mercados de países con los que se acuerdan tales concesiones, ventajas o beneficios. Y de todos modos resulta muy difícil determinar el valor –en términos de reciprocidad- para cada bien o servicio considerado aisladamente. Además de una cuestión de formato (no suelen asumirse compromisos comunes frente a terceros mercados, como en cambio es de rigor en las uniones aduaneras), cualquiera de las concepciones relativas a la creación y desvío de comercio difícilmente pueda encontrar puntos de referencia para justificar las estimaciones y, menos aún, para análisis prospectivos. Lo impiden las cadenas de valor y los abruptos saltos tecnológicos que alteran la composición y procesos productivos que involucran a esas mismas cadenas.
En cualquier caso, una apertura unilateral dispuesta fuera de dichos marcos de negociación, equivale al desaprovechamiento de ese potencial aunque indeterminado valor de intercambio. Liberalizar unilateralmente el acceso al mercado de bienes, servicios o capitales cuyo ingreso u explotación hasta entonces se obstaculizada, equivale a conceder un beneficio a título gratuito a quienes puedan ofrecer tales bienes, servicios o capitales, independientemente de su origen. Debería reconocerse que en esta fase de la economía global la cesión incondicional del propio mercado de por sí no garantiza la posibilidad de reasignar recursos internos ociosos, porque estos recursos fácilmente pueden migrar o volatilizarse a través de instrumentos financieros.
- La reciprocidad antes y después de la Ronda Uruguay del GATT
Hasta hace relativamente poco tiempo se suponía que al ritmo afiebrado de reproducción de capital, no había otra cosa más apremiante para los Estados nacionales que promover la expansión de los mercados y, por lo tanto, respaldar una liberalización también global de los flujos de comercio y de inversión. De ahí que al finalizar la segunda gran guerra se haya consagrado –con sus consabidas excepciones- el principio de no discriminación en sus manifestaciones comerciales básicas: la cláusula de la nación más favorecida (NMF) y el trato nacional TN). Y con respecto al procedimiento de negociación para fijarle un techo consensuado a los aranceles de importación fue desterrado el regateo propio de mercaderes medievales y adoptado en su lugar, dentro de las rondas de negociación del GATT (a partir de la Ronda Kennedy 1963-1967), una modalidad consistente en la preparación de fórmulas para reducir los aranceles según la NMF hasta el punto de “consolidación” (impidiendo así ulteriores incrementos).
Sin embargo, el ritmo de reproducción del capital siguió acelerándose hasta un punto que las modestas prescripciones multilaterales del GATT prácticamente supeditadas a la negociación arancelaria no pudieron contener la danza desatada por ese ritmo cada vez más febril. La expansión de mercados y la concentración de la propiedad y control de los medios de producción ya giraban a la vista de todos en un abrazo mutuo que desde entonces parece realimentarlos mutuamente y sin pausa.
Fue así que los tiempos de la segunda posguerra estuvieron marcados por batallas comerciales para la captura y regulación de los mercados, pero bajo la ley del más fuerte, sin otras mediaciones. Con prácticas extorsivas se impusieron compromisos tales como los destinados a la auto-restricción de exportaciones (“voluntary export restraints”) y al establecimiento de límites en el acceso a los mercados (“orderly marketing arrangements”). Las legislaciones internas, tanto de Estados Unidos de América (EUA) como de la Comunidad Europea (CE), convalidaron estas prácticas a través de previsiones que auto-legitimaban la adopción de represalias comerciales (en EUA “U.S. Trade Act Section 301” de 1974 y luego reforzada por un mecanismo de retaliación cruzada, inicialmente a través de la “U.S. Trade Act Section “Super” 301 de 1988; y en la CE “Regulation 2641/84”).
Dichas prácticas, encuadradas por la imagen brumosa de una denominada “zona gris”, contribuyeron a ordenar las corrientes comerciales y de inversión durante buena parte de la década del setenta (la Ronda Tokio comenzó en 1973 pero sus resultados se formalizaron recién en 1979); y también en la década comprendida por el segundo quinquenio de los ochenta y el primero de los noventa (la Ronda Uruguay se abrió en 1986 y finalizó en 1994). Así, la paz y concertación multilateral pareció llegar recién con la puesta en vigencia de los acuerdos de la OMC en 1995, cuyo significado surge de algunas frases incidentales, como las contenidas en los párrafos 1 y 3 del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias: “…ningún Miembro tratará de adoptar, adoptará ni mantendrá limitaciones voluntarias de las exportaciones, acuerdos de comercialización ordenada u otras medidas similares respecto de las exportaciones o las importaciones (…) Los Miembros no alentarán ni apoyarán la adopción o el mantenimiento, por empresas públicas o privadas, de medidas no gubernamentales equivalentes a las medidas a que se hace referencia…”
Las expectativas parecían haber tenido el eco esperado, porque los acuerdos multilaterales de la OMC, de aplicación obligatoria en todos los Estados Miembros, cubren desde entonces todas las políticas comerciales y otras políticas relativas a procedimientos, protección sanitaria, reglamentos técnicos, propiedad intelectual e inversiones vinculadas al comercio. Y el remozamiento del Sistema de Solución de Diferencias a través de una secuencia de mecanismos de coerción progresiva, reforzó el imaginario colectivo acerca de la existencia de una especie de “comunidad” económica internacional.
Es así que ya casi nadie tiene memoria de los tiempos en los que las relaciones económicas internacionales transcurrían dentro de la “zona gris”. Pero pasadas apenas dos décadas de multilateralismo bajo la insignia de la OMC, otra vez la aceleración de los procesos de reproducción del capital ha sobrepasado las posibilidades de contención normativa que ofrecen los acuerdos negociados bajo la égida del principio de no discriminación. La proliferación de los TLC da cuenta de ello. Los símbolos del momento son: “OMC +” y “OMC x”. El primero indica la necesidad de negociar a escala intergubernamental y con mayor especificidad y precisión las materias que presuntamente han sido contempladas a nivel multilateral, pero ahora sin poder ajustarse a las condiciones de producción prevalecientes. Y el segundo símbolo indica la necesidad de negociar las cuestiones que directamente no han logrado el abordaje multilateral, por la dispersión o el entrecruzamiento de intereses inconciliables. En síntesis, estos símbolos expresan la necesidad perentoria que tienen los Estados nacionales para focalizar las tratativas con otros Estados nacionales antes que sus estructuras productivas y, por ende, sus poblaciones, sean arrastradas a la marginalidad por las sucesivas oleadas tecnológicas.
En este marco, los países que concurren a las tratativas para formalizar TLC, plantean las ofertas y demandas dentro de una diversidad tal de concesiones y regulaciones que, aunque la materia arancelaria no pueda encauzarse por fórmulas y en cambio se atomice, en todo caso tampoco puede reducirse a valores de intercambio fragmentarios. Las negociaciones se supone que son sistemáticas en el sentido que han de tener en cuenta todos los ítems vinculados por las cadenas de valor y distintos tipos de regulaciones a ser acordadas entre las Partes con vistas al aprovechamiento de cada concesión en particular. Los resultados de la negociación tendrán entonces para cada Estado Parte un “valor” genérico, pero sin poder ser cuantificado con precisión al momento de finalizar las tratativas y, menos aún, sin elementos como para intentar análisis prospectivos. Así se justificará -o no- la suscripción del compromiso intergubernamental como un conjunto. Para estimar ese valor, todas las ofertas presentadas por cada Parte con relación al acceso a su mercado, serán embolsadas y ponderadas por la otra Parte en relación a sus propias demandas de acceso.
- Respuestas engañosas
Por lo expuesto, en el marco de las complejidades propias de la economía global cada liberalización unilateral de acceso al mercado interno representa al menos una pérdida sistemática para cualquier país que la concede, más allá de los hipotéticos beneficios al consumidor y de las ganancias empresariales derivadas de esas importaciones.
La pérdida se irá engrosando en la medida que la liberalización unilateral tienda a extenderse involucrando a distintos bienes, servicios y capitales, o también a la flexibilización de las regulaciones nacionales de política comercial y sobre cuestiones de calidad, seguridad o inocuidad con el objeto, precisamente, de atraer bienes, servicios o, lo que es más frecuente, la radicación de inversiones.
Sin embargo, los argumentos precedentes pueden ser cuestionados. Una primera contra-argumentación nos dirá que, en cualquier caso, al ingresar en algún momento del futuro a un marco de negociación intergubernamental (típicamente un TLC), el país que hubiera decidido previamente liberalizar de manera unilateral su mercado habría ofrecido de todos modos a las eventuales contra-Partes algo relevante: un compromiso de no revisar las condiciones del acceso irrestricto ya vigentes. Pero ésta no parece una refutación válida, por dos motivos. Ante todo es un argumento falso: las políticas económicas o comerciales unilaterales son por definición volubles y este carácter se agudiza en la economía global debido a la fluidez de los mercados. En segundo lugar debe convenirse que no es comparable la apertura unilateral a la negociación bilateral: al negociar bilateralmente una reducción de barreras preexistentes se están ofreciendo condiciones de acceso preferenciales respecto de las preestablecidas para el resto del mundo. Muy distinto es el panorama cuando se libera el acceso al mercado de modo unilateral, sin atender al origen de de los bienes o servicios involucrados por la medida. En este último caso la única justificación posible consiste en suponer la existencia de un mercado mundial transparente y regido por la libre y leal competencia en todos los órdenes, por lo que la apertura unilateral implicará necesariamente ganancias para el Estado que la adopte (aunque la sola existencia de los Estados nacionales, empezando por el Estado que decide ofertar su mercado, prueba el carácter inverosímil de la suposición).
Pero puede imaginarse una segunda contra-argumentación, tendiente a justificar la apertura unilateral del mercado nacional. Nos dirían que en realidad la situación es equiparable a la de cualquier otro país que, habiendo ya ingresado en una etapa de múltiples negociaciones de TLC (como en el caso de los países de la Alianza del Pacífico), va sumando contra-Partes a las que ofrece las mismas concesiones que se otorgaron a terceros países en TLC preexistentes. Este punto de vista también puede refutarse advirtiendo la diferencia que representa, para un proveedor extranjero, ponderar los costos y beneficios de ingresar a un mercado aprovechando concesiones y disposiciones replicadas (o no) en distintos TLC, en comparación con la hipótesis del ingreso a un mercado impredecible, que no presenta el mismo tipo de soporte normativo, esto es, sin compromisos contraídos en un conjunto de TLC con terceros países a propósito de concesiones sobre productos o servicios similares, sustitutivos, sus materias primas e insumos y bajo determinadas políticas comerciales y económicas.
Se trata de dos escenarios opuestos: el escenario de la negociación, que ofrece datos estratégicos (en este caso, los compromisos asumidos o no ante terceros países) suministrando previsibilidad a las iniciativas comerciales y de inversión que decidan emprenderse. Del otro lado, el escenario de las concesiones unilaterales, en ausencia sistemática de compromisos ante terceros países, sólo puede constituir un motivo de atracción para quienes estén decididos a operar con alto riesgo, en especial cuando se trata de países periféricos y con una conocida volatilidad en la elección de sus políticas económicas y comerciales.
- Distintas formas bajo las cuales una economía periférica puede estar globalizada
Aquel Decreto argentino comentado más arriba (al que se agrega el anuncio sobre la posible aplicación de medidas similares para el ingreso de equipos de telecomunicaciones), llama la atención del analista porque trasunta un desconocimiento sobre las condiciones bajo las cuales opera la economía internacional en esta fase del desarrollo capitalista. Dichas condiciones están signadas por la urgencia del ajuste. Las oleadas de sustituciones tecnológicas y la volatilidad financiera que motorizan la expansión de los mercados y la concentración de los medios de producción, también desnudan consecuencias adversas de magnitudes imprevisibles. Por ello se están instalando desde hace al menos dos décadas en el mundo lo que la terminología neoclásica calificaría como prácticas “regresivas”: el multilateralismo es desplazado a un segundo plano en desmedro de los formatos bilaterales y plurilaterales que ahora pasan a ocupar el centro de la escena. Bajo estos últimos formatos (típicamente los TLC), numerosos países periféricos toman las opciones que están en condiciones de obtener con respecto al intercambio de concesiones y tienden a suscribir las regulaciones solicitadas por los países desarrollados fijando bajo estos nuevos términos su inserción dentro de la economía global.
Se trata de dar por sentadas las “imperfecciones” del mercado mundial y, en particular, los surcos de lacerantes disparidades que va trazando la economía global en su propio devenir. Así, el valor de negociar es el reconocimiento de una necesidad: la de tener que esbozar políticamente el perfil o los perfiles prioritarios para el propio país desde el punto de vista del interés público, y luego aplicar el mismo perfil a fin de hacer las concesiones afines negociando con el mayor número de contra-Partes posible, minimizando así los costos asumidos en cada uno de los compromisos.
Quizás valga la pena reiterarlo: a esta altura de la economía global no se trata de “optimizar” recursos en búsqueda de competitividad, eficiencia, bienestar…A toda la teoría de la integración económica basada en el formato de las uniones aduaneras ya se la llevó el viento (1). Ahora es preciso cabalgar sobre la globalización sosteniendo las riendas, esto es, regulando todo lo que se pueda regular. Pero para los países en desarrollo las regulaciones unilaterales no cuentan: deben garantizar su previsibilidad acordando con todas las contra-Partes posibles.
Ahora bien, debido a que la negociación de un TLC debe ser encarada sistemáticamente, esto es, sosteniendo los perfiles prioritarios de manera consistente a través de todo el plexo normativo, los resultados no tienen por qué dar lugar a la consagración de especializaciones productivas acotadas. En otras palabras, sostener como prioritario, por ejemplo, un perfil agroindustrial, debería traducirse no sólo en la obtención de concesiones comerciales para posiciones arancelarias individualizadas sectorialmente, sino propender, mediante las concesiones otorgadas a cambio, a la integración de cadenas de valor y en particular al desarrollo de actividades tales como la producción de bienes de capital y software para la agroindustria; insumos fitosanitarios…Por lo demás, la materia negociada puede repercutir como incentivo a la promoción de “otras” actividades, no estrictamente agroindustriales, pero cuyos procesos productivos están interrelacionados (otros equipos y bienes de capital; medicamentos…) (2). Y a su vez, los riesgos se minimizan al replicar el mismo orden de prioridades políticas en numerosos TLC, de modo que la apertura negociada del mercado interno se realice en las mejores condiciones competitivas posibles para la actividad económica y comercial interna.
Este cuadro dista de ser una panacea. Pero a no engañarse: negociar tiene “precio”, pero no negociar tiene “otro” precio, que tarde o temprano se vuelve imposible de pagar. La situación resulta tan obvia como desconcertante su desconocimiento. Si la globalización merece tal calificativo por evocar la imposibilidad de huir de ella y hacer “rancho aparte” (3) y se reconoce a los TLC una función de ajuste que confirma dicha imposibilidad, entonces debería convenirse que la negativa a operar dentro de las redes de los TLC ha de suponer para el país periférico reticente su exposición dentro de las condiciones mundiales en las peores condiciones posibles. En la medida que los términos de intercambio quedan fuera de toda previsión política, se vuelve aleatorio no sólo el flujo de bienes y servicios sino también la localización de inversiones directas en el territorio aduanero del Estado reticente.
Semejante reticencia, por último, denota inoperancia política: la de procesar internamente y luego hacer valer en las negociaciones internacionales un orden de prioridades productivas internas desde el punto de vista del interés público. En otros términos, la capacidad para un manejo político de la inserción internacional es el requisito insoslayable que permite negociar de modo uniforme y consistente con una variedad de contra-Partes.
En cambio, la dificultad política para arbitrar entre intereses privados contrapuestos refleja una insolvencia crítica en el desempeño de la función definitoria del Estado dentro de las formaciones sociales capitalistas.
- Una sugestiva contraposición: MERCOSUR vs. ALIANZA DEL PACÍFICO
Quizás fuera conveniente reajustar la tipología centro-periferia para la fase del capitalismo tardío: habría una diferencia sustantiva, al interior de la periferia, entre los países “negociadores” o proclives a negociar bajo las prácticas prevalecientes; y los países “reticentes” o bloqueados por conflictos internos para construir, desde sus estructuras gubernamentales, los órdenes de prioridad indispensables para negociar. En tal sentido, los países latinoamericanos agrupados en la Alianza del Pacífico y en el Sistema de Integración Centroamericana, sin dar señales de estar abandonando sus órbitas periféricas, han logrado formalizar a través de distintos TLC los términos de relación con los países centrales y, en consecuencia las condiciones de acceso a los respectivos mercados. En cambio, los Estados del MERCOSUR emprendieron un camino diferente que se hizo más notorio aún después de haberse interrumpido las tratativas para formalizar el ALCA (Cuarta Cumbre de las Américas, Mar del Plata, noviembre de 2005). El caso del MERCOSUR es ilustrativo. Haciendo flamear un emblema “`progresista”, el costoso andamiaje ficcional (incesante agregado de órganos intergubernamentales en distintos niveles jerárquicos; proliferación de disposiciones de baja o nula operatividad; monumentalismo discursivo en las periódicas reuniones de los Jefes de Estado…) estuvo en los últimos años sostenido por la burbuja que había disparado los precios de productos primarios que a su vez constituían las principales ofertas exportables al resto del mundo. Y las maquinarias populistas ensalzaron durante más de una década el desgastado modelo de “sustitución de importaciones” para los productos no-agrícolas, erigido desde la segunda posguerra en la memoria colectiva como una verdadera panacea. En este aspecto no puede ignorarse el papel desempeñado por el Brasil frente a sus socios menores. Dicho papel fue impulsado por las subsidiarias de corporaciones transnacionales que, engolosinadas con un colosal mercado interno (y denotando capacidad para desarrollar productos y servicios amortizados en las sociedades centrales), impulsaron desde territorio brasileño aquel modelo de sustitución de importaciones teniendo en mira su propio beneficio.
Al disolverse la burbuja de precios internacionales de las materias primas y quedar expuesta la esterilidad de los mecanismos de protección a la producción local de bienes no agrícolas -que en buena medida había beneficiado a subsidiarias locales de corporaciones transnacionales- los nuevos gobiernos “conservadores” de los países del MERCOSUR han quedado entrampados por esa herencia aislacionista, advirtiendo rápidamente la necesidad de mejorar individualmente las condiciones de inserción en la economía global. Pero los altos niveles de improductividad y consiguiente insolvencia fiscal asociada a un gasto social insoslayable, han puesto en evidencia una falta de competitividad que hasta el día de hoy parece abonar el rechazo (político; empresarial; sindical; social) a cualquier posibilidad de abordar negociaciones comerciales internacionales bajo el formato de TLC (y no sólo frente a países de mayor grado de desarrollo relativo).
Con semejantes antecedentes a la vista, las insinuaciones argentinas de apertura unilateral de su mercado en sectores estratégicos para el desarrollo tecnológico pueden ser interpretadas benignamente como una respuesta obligada frente a este atolladero. O bien pueda suponerse con alguna perversidad, que una política de apertura unilateral progresiva irá desarticulando la influencia de las empresas locales históricamente beneficiarias de la reservas de mercados, para que recién entonces el gobierno decida asumir una estrategia de negociaciones internacionales. Siguiendo esta línea de conjeturas, los países del MERCOSUR arribarían al mismo lugar al que ya llegaron otros países latinoamericanos, pero mucho tiempo después y habiendo acallado previamente las voces que hubieran podido contribuir, con las reservas del caso, para sopesar costos y beneficios de la materia a ser negociada.
Entre una y otra suposición, sugiero una tercera, que sin hurgar las intencionalidades políticas o corporativas, aspira a interpretar el desencadenamiento de las negociaciones internacionales sólo a partir de la vulnerabilidad interna. Para bosquejar esta última suposición, invito a revisar las tratativas entre los países del MERCOSUR y la UNIÓN EUROPEA en su extenso y atribulado itinerario. ¿Acaso los gobiernos de los países del MERCOSUR no han optado por negociar en las sombras y con una preocupación decreciente para fijar términos aceptables de reciprocidad, mientras en la misma secuencia los representantes de la UNIÓN EUROPEA han ido esquilmando las ofertas agroalimentarias y sin que hayan sido materia de discusión sus múltiples y sofisticadas restricciones no arancelarias? ¿Qué habrá de esperarse al cabo de una negociación semejante, con respecto a la configuración de la reciprocidad? Y si finalmente llegaran a suscribirse los compromisos ¿qué ocurrirá cuando esos textos normativos, notoriamente insatisfactorios (desde el punto de vista de las aspiraciones que deberían imputarse teóricamente a los Estados del MERCOSUR), tengan que ser expuestos ante las respectivas instancias parlamentarias? ¿Recién entonces asomará un debate sobre el “precio” de la integración inter-regional?
- Algo más acerca de la periferia y sus claves de supervivencia
Siguiendo las negociaciones llevadas a cabo por los distintos países latinoamericanos, una vez más convendría preguntarse, a la luz del abrazo que prodiga la globalización, cuál es el sentido del “progresismo” y del “conservadurismo” a la hora de optar por un modo u otro de inserción en la economía internacional. En principio el “progresismo” se asocia a una apuesta por el sostenimiento del ordenamiento multilateral encarnado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el rechazo a las negociaciones plurilaterales y bilaterales bajo el criterio de reciprocidad, inequívocamente “discriminatorias”. ¿No son acaso de este calibre las posturas gubernamentales y académicas prevalecientes en el cono sur? Si bien estas posturas muestran una disposición favorable al acatamiento a un orden normativo de amplio espectro, no son inocentes. En efecto, debería tomarse nota de su ambivalencia: en el marco de la OMC las maniobras de evasión y elusión a sus disciplinas tienen un costo cada vez menor, al confrontarse los intrincados problemas que deben enfrentar los países periféricos en la economía global con la deliberada ambigüedad de los Acuerdos y la posibilidad de amortiguar o dilatar las eventuales represalias merced a los meandros que ofrece últimamente el Sistema de Solución de Diferencias.
Es notoria la repetida evasión y elusión de principios y disposiciones multilaterales y, en especial, la sucesión de fracasos para reflotar la ronda Doha en el intento de dar soporte normativo a las transformaciones que van marcando el derrotero de la economía global. La retórica sobre una hipotética revitalización del multilateralismo en versión OMC estaría entonces respaldando a gobiernos de países en desarrollo reticentes a entablar tratativas en el formato TLC.
Entretanto, la urdimbre de TLC es cada vez más extensa por el número de Estados involucrados y las disciplinas acordadas; y cada vez más densa temáticamente. Más aún: parecería que las estrategias de política comercial y económica que los gobiernos de los países centrales están afrontando con mayor esmero, no están dirigidas precisamente a recomponer sus posiciones en la órbita multilateral sino a negociar o renegociar aquellos dispositivos bilaterales y plurilaterales.
Ocurre que se ha difundido en el mundo la creencia sobre la amenaza que representa un estado de convulsión permanente debido a la referida aceleración de los procesos de reproducción del capital y sus reflejos sintomáticos en la expansión de los mercados y en la concentración de la propiedad y control de los medios de producción. Al motorizar estos procesos inquietantes, las transformaciones tecnológicas y la volatilidad financiera alimentan la convicción generalizada sobre el carácter irreversible asignado a la fisura multilateral, en el sentido que ya parece inconcebible la recomposición del ordenamiento multilateral bajo los principios de no discriminación (4).
En consecuencia surge la necesidad política de regular concertadamente los flujos de comercio y de inversión para graduar la asimilación de las tecnologías emergentes y preservar hasta donde sea posible el aprovechamiento de tecnologías amortizadas o en vías de amortización pero que siguen sosteniendo la supervivencia de vastas poblaciones.
Marcelo Halperin, marzo de 2017
Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata
Referencias:
(1) Precisamente la tradición del pensamiento neoclásico que reposó sobre la teorías de ventajas comparativas y el “costo de oportunidad” postularon todo lo contrario, dando a entender que las negociaciones comerciales internacionales eran una prueba de racionalidad económica. En tal sentido, véase M. Porter: “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, march-april 1990. Para una síntesis conceptual de los principales hitos en la teoría desplegada desde el aporte de J. Viner en 1950 en derredor de la creación y el desvío de comercio, véase el documento de Alfredo Guerra Borges: “Sobre la teoría neoclásica de la integración”, editado en 2003 por el sitio web www.ejournal.unam.mx
(2) Entre las regulaciones de política comercial dispuestas por los TLC, resultan particularmente sensibles las afinidades y correspondencias entre los programas de desgravación, los procedimientos aduaneros, las medidas no arancelarias y los requisitos específicos de origen, atendiendo a que, precisamente, a los efectos del comercio de bienes intermedios es esencial compatibilizar los niveles de protección arancelaria, los procedimientos aduaneros, las medidas no arancelarias para el ingreso de materias primas e insumos y la calificación específica de origen. Correlacionando estos aspectos un analista puede inferir cuál es la orientación sobre política productiva interna del país huésped de las empresas transnacionales bajo los TLC que haya concertado.
(3) En un trabajo titulado “Cultures of Globalization”” (Duke University Press, 1998), Friedric Jameson y Miyoshi Misao atribuyeron a Samir Amin el mérito de haber expuesto antes que otros analistas el problema crítico planteado por la manera en que la economía global absorbe las relaciones de producción vinculadas a sistemas preexistentes (Samir Amin: “La desconexión: hacia un sistema mundial policéntrico”, Madrid, IEPALA, 1988). En aproximaciones ulteriores, F. Jameson recordó también que a propósito de los movimientos de liberación nacional en África en la década del sesenta se habían recreado “imágenes idílicas de las posibilidades de un tipo de vida diferente” asociadas a otras imágenes utópicas como la resurrección de la aldea como enclave pre-capitalista. Luego de un repaso bibliográfico sobre la materia, advirtió: “En el mejor de los casos, el enclave puede ser alegórico del nuevo sistema (esto es, puede funcionar como utopía); en el peor, es decir, en realidad, es simplemente destruido, dejando de tras de sí escombros y ruinas, desechos que son, sin embargo, la vida de individuos humanos, que se han “caído” del sistema y de aquí en adelante no pertenecen a nada, constituyendo un resto o exceso de lo que Agamben podría llamar vida desnuda, sobrevivientes biológicos despojados de toda posibilidad de trabajar o actuar, condenados a sobrevivir en campos de refugiados, a merced de la filantropía internacional” (Friedric Jameson: “Valencias de la dialéctica”, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013, página 659). Más recientemente, entre la frustrada convocatoria de una Ronda del Milenio (tumultos de Seattle a fines de 1999) y los raquíticos progresos de la Ronda de Doha de la OMC (desde su apertura en 2001), puede advertirse como, a través de sucesivas oleadas tecnológicas, el sistema económico prevaleciente prácticamente se está devorando al movimiento “anti-globalización” al ofrecer bienes, servicios, procesos productivos y narrativa política que confrontan exitosamente dentro de las sociedades centrales con diversos reclamos por mejoras en los índices de inocuidad, calidad, seguridad y preservación del medio ambiente. En tal sentido, véase del autor: “Principios Jurídicos del Multilateralismo Económico”, Buenos Aires, colección Aroha, 2004, página 41 y ss.
(4) El autor no ha detectado interpretaciones jurídicas de las proposiciones teóricas y metodológicas acerca de la “aleatoriedad escalable”, que vinculan la decreciente probabilidad de ocurrencia de determinados eventos naturales y también la decreciente probabilidad de concreción de proyectos o previsiones humanas dentro de los plazos preconcebidos, a medida que transcurre el tiempo a la espera, precisamente, de dichas realizaciones anunciadas. Una exposición general e ilustrativa del tema puede leerse en el libro de Nassim Nicholas Taleb: “El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable”, Barcelona, Espasa Libros, 2012. Si por ejemplo se revisa con algún detenimiento el cúmulo de papeles generados por las negociaciones en la Ronda Doha de la OMC en ocasión de las sucesivas Conferencias Ministeriales, puede rastrearse un voluminoso, intrincado y minucioso intercambio de posturas a propósito de múltiples cuestiones puestas en las agendas. Enfocándonos en uno de los debates más intensos y prolongados, el referido a la búsqueda de fórmulas para la desgravación arancelaria de productos no agrícolas, es posible advertir las instancias de mayor fervor y las disputas metodológicas dentro de las que se fueron enredando los Estados Miembros. Estas disputas estaban urgidas por supuestas previsiones para formalizar una concertación final que sin embargo se fue diluyendo hasta el punto que aquellos debates, al cabo de unos pocos años, ya parecen reliquias. Algo semejante con respecto a la licuación progresiva de los temas, puede percibirse haciendo un seguimiento de lo negociado en el MERCOSUR a propósito de cuestiones esenciales para la supervivencia del formato de integración, tales como: “subvenciones”; “salvaguardias”; “restricciones no arancelarias”, etc.
